La Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso del Estado de Jalisco, presidida por la diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez, aprobó cinco dictámenes que establecen los coeficientes de distribución para los municipios respecto a diversos fondos federales y estatales, aplicables al ejercicio fiscal 2026.
Los coeficientes aprobados corresponden al Fondo de Fiscalización y Recaudación, Fondo de Fomento Municipal, Fondo Municipal de Participaciones, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en Gasolina y Diésel, y del Impuesto Sobre la Renta relativo a ingresos por enajenación de inmuebles. Dichos mecanismos determinan el monto que corresponde a cada municipio, garantizando una distribución transparente de los recursos públicos.
Asimismo, se avaló la iniciativa del gobernador de Jalisco para modificar la Ley de Ingresos estatal del ejercicio 2025, a fin de establecer un tope máximo de 250 mil pesos en los derechos cobrados por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en inscripciones o reinscripciones relacionadas con providencias precautorias, embargos y aseguramientos. Durante la sesión, el director del Instituto Jalisciense de la Vivienda, Luis Guillermo Medrano Barba, expuso detalles técnicos de la propuesta y resolvió dudas de los legisladores.
En materia de vivienda, la Comisión también autorizó al Poder Ejecutivo donar tres inmuebles propiedad del estado: dos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y uno al Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS). Las propiedades se localizan en los municipios de El Salto, Autlán de Navarro y Tepatitlán de Morelos, y estarán destinadas exclusivamente a la construcción de viviendas de interés social como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar.
Estos dictámenes y reformas buscan fortalecer la equidad financiera entre municipios y asegurar que los recursos estatales se apliquen en proyectos que beneficien directamente a la ciudadanía. Las propuestas deberán ser revisadas en segunda lectura por el pleno legislativo para su eventual aprobación definitiva.
