La organización Compromiso Jalisco hizo un llamado público, respetuoso pero firme, al Congreso del Estado de Jalisco para que no se dilaten más las reformas legales derivadas del Decreto 29842/LXIV/25, mediante el cual se modificaron los artículos 9, 21, 35, 74, 97, 106 y 107 ter de la Constitución Política del Estado.
De acuerdo con el posicionamiento, el pasado 15 de enero venció el plazo de 90 días naturales establecido en el propio decreto para realizar las adecuaciones a las leyes secundarias necesarias, entre ellas la expedición de una nueva Ley de Transparencia y la armonización de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
El documento advierte que, tras la reforma constitucional, quedaron sentadas las bases para la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), proceso que se concretó el 30 de noviembre de 2025. Sin embargo, señalan que actualmente en Jalisco permanece vigente una Ley de Transparencia que no puede aplicarse en su totalidad bajo el nuevo modelo constitucional federal y local.
Aunque los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales no han sido suspendidos, la organización sostiene que la falta de normas secundarias coloca a las autoridades garantes y a los sujetos obligados en una situación jurídica compleja, lo que podría traducirse en obstáculos prácticos para el ejercicio pleno de estos derechos.
El comunicado también expone que la Contraloría del Estado, ahora autoridad garante para el Poder Ejecutivo y los 125 ayuntamientos, ha tenido que tomar decisiones de carácter extraordinario para cubrir los vacíos normativos. Según datos citados por la organización, desde diciembre a la fecha se han recibido miles de recursos de acceso a la información, además de amparos y promociones judiciales.
Ante este escenario, Compromiso Jalisco subraya que corresponde al Poder Legislativo cumplir con la armonización normativa pendiente y evitar una prolongación de la incertidumbre jurídica en materia de transparencia y protección de datos.
“Solicitamos de manera respetuosa, pero exigente, no dilatar más las reformas necesarias derivadas del Decreto 29842/LXIV/25”, concluye el posicionamiento dirigido a diputadas y diputados de la LXIV Legislatura.
