La diputada local Mariana Casillas presentó una iniciativa de reforma a la legislación ambiental de Jalisco que busca establecer la separación obligatoria de residuos desde los hogares, comercios e industrias, además de fortalecer las condiciones de trabajo de las personas dedicadas al reciclaje.
La propuesta plantea que los residuos sean clasificados, desde su origen, en al menos tres categorías: orgánicos, reciclables y aquellos materiales considerados de difícil aprovechamiento. El objetivo, de acuerdo con la legisladora, es reducir la cantidad de materiales aprovechables que terminan en rellenos sanitarios y avanzar hacia un modelo de gestión de residuos con mayores niveles de recuperación y aprovechamiento.
Durante la presentación de la iniciativa, Casillas cuestionó el modelo actual de disposición de basura y señaló que sus costos ambientales y económicos terminan siendo absorbidos principalmente por los municipios y las comunidades cercanas a los sitios de disposición final.
La legisladora puso como ejemplo a comunidades ubicadas en las inmediaciones del río Santiago y otros territorios rurales y periféricos que conviven con instalaciones relacionadas con el manejo y disposición de residuos. Sostuvo que estas poblaciones enfrentan impactos ambientales derivados de la operación de estos sitios, mientras que los beneficios económicos de la producción y comercialización de bienes no necesariamente se distribuyen entre quienes absorben sus costos ambientales.
La iniciativa también contempla nuevas obligaciones para los municipios. Entre ellas se encuentra la organización de sistemas de recolección diferenciada y el desarrollo, de acuerdo con sus capacidades, de plantas o mecanismos para el tratamiento y aprovechamiento de los residuos.
Otro de los planteamientos es establecer mecanismos de transparencia que permitan conocer periódicamente cuánto material recupera cada municipio y cuál es el destino que recibe. Con ello, se busca generar indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de las obligaciones establecidas para las autoridades.
La propuesta incluye además la creación de zonas de amortiguamiento de hasta mil metros alrededor de estaciones de transferencia, plantas de tratamiento y sitios de disposición final de residuos. En estas áreas se buscaría restringir el establecimiento de nuevas viviendas y considerar medidas específicas para instalaciones que hayan rebasado su vida útil.
De acuerdo con lo expuesto durante la presentación, los sitios que hayan superado su capacidad operativa deberán implementar medidas para reducir los riesgos y daños ambientales acumulados, mientras que los municipios tendrían que avanzar progresivamente hacia mejores condiciones para el procesamiento y aprovechamiento de sus residuos.
La iniciativa también contempla obligaciones para empresas, desarrolladores inmobiliarios y otros generadores de residuos, con el propósito de establecer responsabilidades claras y medibles a lo largo de la cadena de generación, recolección, aprovechamiento y disposición.
Como parte de la propuesta se plantea brindar asistencia técnica y financiera a pequeñas empresas y organizaciones que participen en el manejo y reciclaje de materiales, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las nuevas disposiciones.
Casillas destacó la participación de organizaciones y colectivos con experiencia territorial en materia de reciclaje y gestión de residuos. La intención, explicó, es incorporar el conocimiento de quienes trabajan directamente en las comunidades y reconocer el papel que desempeñan las personas recicladoras en la recuperación de materiales.
La propuesta parte de una crítica al modelo de consumo y disposición basado en producir, utilizar y enterrar los residuos. Bajo este esquema, sostiene la legisladora, una parte de los costos ambientales permanece en los territorios donde se concentran los sitios de disposición, mientras los municipios enfrentan gastos crecientes para mantener la infraestructura necesaria.
