La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco señala que el auxiliar administrativo habría aplicado descuentos sin autorización por casi 670 mil pesos y sustraído documentos relacionados con las operaciones.
Un auxiliar administrativo adscrito a una oficina recaudadora del Servicio Estatal Tributario (SET), en Jocotepec, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en tres delitos relacionados con el ejercicio de la función pública, informó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco (FECC).
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el servidor público, identificado como Ricardo “N”, presuntamente utilizó sus accesos al sistema institucional para aplicar condonaciones del 100% en multas vehiculares y recargos sin contar con la autorización correspondiente ni cumplir con el procedimiento establecido.
La investigación identificó 77 trámites de condonación asociados con 60 folios de estados de cuenta: 60 correspondieron a multas y 17 a recargos. Según la FECC, las operaciones representaron 669 mil 953 pesos que habrían dejado de ingresar a las arcas estatales.
La Fiscalía señaló que las condonaciones se realizaron sin la autorización de la autoridad competente y superaron el límite del 95% previsto en el acuerdo aplicable, lo que presuntamente habría generado beneficios indebidos para los contribuyentes involucrados.
Además, al funcionario se le atribuye la presunta sustracción de los 60 folios de estados de cuenta que debían permanecer bajo resguardo en la oficina recaudadora como respaldo documental de las operaciones.
Con los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, un juez determinó vincular a proceso a Ricardo “N” por los delitos de abuso de autoridad en el ejercicio de funciones relacionadas con la guarda y custodia de documentos, así como delitos cometidos en la administración de justicia y otros ramos del poder público, de acuerdo con la información difundida por la Fiscalía.
Como medidas procesales, se impuso prisión preventiva justificada por seis meses y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
La vinculación a proceso no implica una sentencia condenatoria. El imputado conserva la presunción de inocencia hasta que se determine su responsabilidad mediante una resolución judicial.
