Aprueban en comisiones sanciones más severas contra servidores públicos que cometan el delito de peculado.

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Los servidores con cargos públicos que cometan el delito de peculado por el desvío de dinero, valores o bienes muebles o inmuebles en su beneficio o de otra persona, lo cual se convierta en actos de corrupción, además de sancionarlos con hasta 12 años de prisión, serán inhabilitados para no regresar a ocuparlos, desde uno a 20 años, además de multas, de acuerdo con el dictamen de decreto que reforma el Código Penal del Estado de Jalisco, aprobado hoy por los legisladores que integran la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos.

La Diputada María del Rocío Corona Nakamura, presidente de la Comisión, explicó que dicho delito tendrá tres sanciones: cuando la cuantía sea hasta 16 mil 120 pesos se impondrá una pena privativa de libertad de tres meses a seis años, y la multa de mil 612 pesos a ocho mil 60 pesos, además de inhabilitación en cargos públicos, de uno a diez años.

Si el monto del peculado o desvío de recursos es mayor a 16 mil 121 pesos, el encarcelamiento será de dos a 12 años de prisión, la multa de ocho mil 60 a 24 mil 180 pesos, y la inhabilitación de diez a 20 años. La iniciativa original era menor, de uno a tres años, pero la legisladora solicitó la modificación, para armonizarla con lo establecido por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ya que Jalisco no debe aplicar sanciones menos severas contra los corruptos, sino un trato igual.

“Quisiéramos que fuera más alto, inclusive muerte civil, que no pudieran regresar al servicio público, pero estamos sujetos a lo que la propia Ley General establece, tenemos que ajustarnos a la misma, como parte del Federalismo”, agregó. La iniciativa fue presentada por la Diputada María del Consuelo Robles Sierra.

Como parte de los 15 dictámenes agendados, igualmente se aprobaron reformas a las leyes para los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios, Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Comisión de Derechos Humanos, para que los sueldos de los servidores públicos se determinen respetando el principio de trabajo igual, salario igual, eliminando las diferencias salariales entre hombres y mujeres, en los tres poderes y los municipios de Jalisco.

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