Por Redacción
Organización de las Naciones Unidas.— Un comité especializado de la ONU solicitó que la Asamblea General examine la situación de las desapariciones en México, con el objetivo de promover medidas de apoyo internacional en materia de prevención, investigación y atención a víctimas.
La petición fue emitida por el Comité contra la Desaparición Forzada, que decidió recurrir al artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Este mecanismo, de carácter preventivo, busca movilizar cooperación internacional sin establecer responsabilidades penales individuales.
En su resolución, el Comité señaló que la información analizada contiene indicios de la posible comisión de desapariciones en distintos puntos del país a lo largo del tiempo. No obstante, precisó que no encontró elementos que acrediten una política generalizada a nivel federal para la comisión de estos actos.
El organismo basó su evaluación en información recabada durante más de una década, incluyendo reportes de la sociedad civil, respuestas del Estado mexicano, visitas oficiales —como la realizada en 2021— y solicitudes de acción urgente presentadas por víctimas.
Asimismo, el Comité tomó en cuenta la postura del gobierno mexicano, que ha señalado que una parte importante de los casos estaría relacionada con la actuación de grupos delictivos. Sin embargo, el organismo indicó que en algunos reportes existen elementos que apuntan a la posible participación, directa o indirecta, de funcionarios públicos.
De acuerdo con datos citados por el propio Comité, la magnitud del fenómeno se refleja en registros oficiales y hallazgos forenses. Entre ellos, se menciona el descubrimiento de más de 4,500 fosas clandestinas, con más de 6,200 cuerpos y 4,600 restos humanos, además de aproximadamente 72,000 restos sin identificar, lo que evidencia la dimensión del problema.
El Comité advirtió que, pese a las acciones emprendidas en los últimos años, la situación no ha mostrado una mejora sustancial, por lo que consideró necesario fortalecer las capacidades institucionales en materia de búsqueda, análisis forense e investigación.
Como parte de su recomendación, el organismo solicitó que la Asamblea General evalúe medidas de cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para México. También planteó la necesidad de mecanismos que contribuyan al esclarecimiento de los hechos, así como a la protección y acompañamiento de víctimas y sus familias.
El Comité reiteró su disposición de continuar colaborando con el Estado mexicano para fortalecer las acciones orientadas a atender este fenómeno y evitar su agravamiento.
