JOCOTEPEC, Jalisco.— Un servidor público adscrito a la oficina del Servicio Estatal Tributario (SET) en el municipio de Jocotepec fue vinculado a proceso por su presunta participación en diversas irregularidades relacionadas con la condonación de multas vehiculares y el manejo de documentación oficial, informó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco.
De acuerdo con la dependencia, el imputado, identificado como Ricardo “N”, se desempeñaba como auxiliar administrativo del SET cuando presuntamente realizó modificaciones indebidas en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) para aplicar descuentos del 100 por ciento en multas vehiculares y sus recargos, sin que existiera el procedimiento legal correspondiente.
La investigación señala que el funcionario habría aprovechado las facultades de acceso al sistema para otorgar beneficios que, conforme a la normatividad vigente, solo podían autorizarse mediante un procedimiento específico y dentro de los límites establecidos por la ley.
Según la carpeta de investigación, el imputado presuntamente efectuó 155 trámites de condonación, de los cuales 98 correspondieron a multas por infracciones y 57 a recargos, lo que habría generado un presunto perjuicio al erario estatal por 976 mil 576 pesos.
La Fiscalía Anticorrupción agregó que durante las indagatorias también fueron detectadas presuntas irregularidades en la guarda y custodia de documentos relacionados con esos trámites, al localizarse faltantes en expedientes que debían permanecer bajo resguardo en la oficina recaudadora de Jocotepec.
Durante la audiencia celebrada el 26 de junio, un juez resolvió vincular a proceso a Ricardo “N” por los delitos de abuso de autoridad, delitos cometidos en la guarda y custodia de documentos y delitos cometidos en la administración de justicia y otros ramos del poder público.
Como medida cautelar, el órgano jurisdiccional impuso prisión preventiva justificada por un año y fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción precisó que el proceso penal continúa, por lo que será la autoridad judicial la que determine la responsabilidad del imputado conforme avance el procedimiento.
