El senador Carlos Lomelí Bolaños solicitó, a través de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco suspenda la aplicación del incremento a las tarifas del transporte público y, en su caso, inicie un proceso de revisión integral y participativa en materia tarifaria.
De acuerdo con el comunicado, el legislador planteó que dicho proceso debe buscar un equilibrio entre la sostenibilidad financiera del sistema de transporte y la protección efectiva del derecho humano a la movilidad. Señaló que, conforme a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Jalisco cuenta con más de 8 millones de habitantes, de los cuales 5.3 millones residen en el Área Metropolitana de Guadalajara, y que durante 2025 se registraron alrededor de 26 millones de viajes en transporte público en sus distintas modalidades.
Lomelí Bolaños expuso que el servicio de transporte público presenta deficiencias, entre ellas la insuficiencia de rutas, el uso de unidades antiguas, largos tiempos de espera y condiciones de inseguridad para las personas usuarias. En ese contexto, consideró que los incrementos a la tarifa no corresponden con la calidad del servicio que se ofrece.
En su posicionamiento, el senador recordó que durante la administración estatal encabezada por Enrique Alfaro Ramírez la tarifa pasó de 7.00 a 9.50 pesos, y señaló que el aumento se aplicó sin que sesionara el Comité Técnico Tarifario. Asimismo, mencionó que en diciembre de 2025, durante la actual administración, dicho comité aprobó un nuevo incremento que llevaría la tarifa a 14.00 pesos.
Según el comunicado, el legislador explicó que el esquema anunciado contempla un subsidio de 3.00 pesos por pasaje para quienes utilicen una nueva tarjeta electrónica, por lo que las personas usuarias asumirían un costo directo de 11.00 pesos. Añadió que este beneficio estaría condicionado al uso de dicho medio de pago, mientras que quienes paguen en efectivo no tendrían acceso al subsidio.
El senador también advirtió que el costo del transporte público impacta de manera directa en la economía de los hogares, especialmente en entidades con alta concentración urbana como Jalisco, y que un diseño tarifario sin evaluación social integral puede generar efectos regresivos en el ejercicio del derecho a la movilidad, particularmente para personas en situación de vulnerabilidad, como adultos mayores y personas con discapacidad.
Finalmente, Lomelí Bolaños indicó que el incremento tarifario está previsto para entrar en vigor el 1 de abril de 2026, lo que, dijo, abre un margen para revisar la medida desde una perspectiva preventiva e integral. Subrayó que suspender el aumento no implica desconocer las necesidades financieras del sistema, sino generar un espacio de análisis y diálogo que permita armonizarlas con el respeto a los derechos humanos y el principio de accesibilidad universal.
