Un tribunal federal concedió una medida cautelar a un grupo de estudiantes que impugnó la implementación de la tarjeta única del transporte público conocida como “al estilo Jalisco”, permitiéndoles continuar recibiendo el subsidio sin necesidad de adquirir el nuevo sistema bancarizado.
La resolución beneficia inicialmente a 35 estudiantes, quienes promovieron un juicio de amparo a través de la Comisión Legal del Tarifazo en Jalisco. Con esta determinación judicial, los jóvenes podrán acceder al subsidio del transporte público utilizando las credenciales estudiantiles que ya poseían o incluso pagando en efectivo, mientras el proceso legal sigue en curso.
El caso surgió después de que el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en Jalisco negara en un primer momento la suspensión provisional. Sin embargo, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revisó el asunto y revocó esa decisión, otorgando finalmente la protección provisional a los estudiantes. El proyecto fue elaborado por el magistrado José de Jesús Flores Herrera.
En su resolución, el tribunal consideró que la medida cautelar es necesaria para proteger los datos personales de los estudiantes. El subsidio al transporte está condicionado actualmente a la contratación de una tarjeta bancarizada operada por una empresa privada, lo que implica la entrega de información personal para acceder al beneficio.
Ante ese escenario, los magistrados determinaron que debía garantizarse de manera provisional la libertad y la protección de los datos personales de los estudiantes mientras el juicio de amparo continúa su trámite.
El equipo legal que acompaña el caso calificó la decisión como una primera victoria dentro de la estrategia jurídica contra el llamado “tarifazo”, y adelantó que existen otros amparos en trámite que buscan obtener resoluciones similares.
Entre ellos se encuentran recursos promovidos por personas adultas mayores y trabajadores del estado de Jalisco, quienes también cuestionan las condiciones para acceder al subsidio del transporte público.
La resolución definitiva aún está pendiente y podría confirmarse o modificarse en las próximas semanas. No obstante, los promotores del litigio consideran que la decisión ya marca un precedente relevante en la discusión nacional sobre el acceso al transporte público y la protección de datos personales en programas de subsidio.
