La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco señala que el entonces funcionario habría solicitado dinero a una pareja que acudió a realizar un trámite relacionado con un divorcio administrativo en la sede regional del instituto.
Chapala, Jalisco. — Un exservidor público del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco (IJA) fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de cohecho, en una investigación relacionada con un presunto cobro de dinero ocurrido en la sede regional del organismo en Chapala.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco (FECC) identificó al imputado como Noé “N” y señaló que los hechos se remontan a noviembre de 2017, cuando una pareja acudió a las instalaciones del IJA en Chapala para realizar un trámite relacionado con un divorcio administrativo.
De acuerdo con la investigación ministerial, mientras la pareja y su traductora revisaban la documentación elaborada para el procedimiento, encontraron diversos errores en la información. El entonces servidor público habría ofrecido corregirlos y, según la acusación, solicitó 15 mil pesos para realizar la gestión.
La Fiscalía sostiene que el dinero fue entregado en efectivo después de la firma del convenio. Cuando una de las personas solicitó un recibo o comprobante por el pago, el funcionario presuntamente señaló que debía cubrirse una cantidad adicional correspondiente al IVA, por lo que no habría expedido el documento.
Uno de los aspectos relevantes de la investigación es que, según la Fiscalía, las personas usuarias tampoco habrían sido informadas de que el procedimiento que realizaban era gratuito.
La legislación estatal en materia de justicia alternativa establece obligaciones para quienes prestan servicios en centros públicos, entre ellas informar a las personas usuarias sobre las condiciones del servicio desde la entrevista inicial.
La investigación avanzó posteriormente cuando, durante la revisión del convenio, fueron detectadas otras irregularidades relacionadas con la documentación presentada y con los requisitos necesarios para validar la disolución de un matrimonio celebrado en el extranjero.
El convenio finalmente no fue validado debido a que, de acuerdo con los datos de la investigación, no reunía las condiciones jurídicas necesarias para producir efectos respecto de un matrimonio celebrado fuera de México. El expediente fue entonces archivado como asunto concluido.
La Fiscalía también señala que meses después el entonces servidor público habría solicitado otros 5 mil pesos para realizar una gestión adicional relacionada con documentación migratoria necesaria para el convenio. En esta ocasión, de acuerdo con la investigación, la cantidad no habría sido entregada.
El caso llegó ante un juez, quien determinó vincular a proceso a Noé “N” por su probable responsabilidad en el delito de cohecho. La resolución no representa una sentencia y el imputado conserva su derecho a la presunción de inocencia mientras continúa el procedimiento judicial.
Como parte de las medidas cautelares, deberá presentarse a firmar ante el juzgado durante los primeros cinco días de cada mes. También tiene prohibido acudir a lugares frecuentados por la víctima y acercarse o comunicarse con ella y con los testigos, salvo mediante su defensa.
El juez estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía y la defensa podrán continuar aportando elementos al proceso.
Para Chapala, el caso tiene particular relevancia debido a que la investigación se refiere a hechos ocurridos en una oficina pública ubicada en el municipio y a un trámite que, de acuerdo con la propia Fiscalía, debía realizarse sin costo para las personas usuarias.
La Fiscalía Anticorrupción recordó que cualquier solicitud de dinero o beneficio indebido por parte de una persona servidora pública puede ser denunciada ante las autoridades correspondientes. La información aportada por quienes realizan estos trámites puede contribuir al inicio o fortalecimiento de una investigación.
